El Tribunal Supremo ha anulado la creación del Registro Único de arrendamientos previsto por el Gobierno para los alquileres turísticos o de corta duración, al considerar que invade competencias de las comunidades autónomas. No obstante, mantiene otras medidas de control, como la ventanilla única digital y la obligación de plataformas como Airbnb o Booking de facilitar información sobre estos alquileres a las administraciones.
La sentencia refuerza el papel de las comunidades autónomas en la gestión y control de las viviendas turísticas y aclara que el Estado puede coordinar e intercambiar información, pero no imponer un registro nacional único que se superponga a los ya existentes.
Puedes acceder al texto completo de la sentencia a través del siguiente enlace: https://www.poderjudicial.es/search/openDocument/f18c23121850d42fa0a8778d75e36f0d